Aunque el artículo inmediatamente anterior a éste prueba mi tendencia a la esperanza ciega, de vez en cuando me veo obligado a poner las cartas sobre la mesa y reflexionar sobre un tema hasta darle la vuelta por completo o reafirmarme en lo que pienso. En este caso quizá no se trate de una inversión completa, pero tengo claro que mi concepción de la Ley de Transparencia ha sufrido cambios interesantes en estos dos días.

Quizá fui ingenuo al plantearme esta ley como una mera reforma estética, que pretendía mejorar la imagen externa de la política, o al menos del PP. Ahora tengo claro que se trata de una estrategia mucho más compleja y premeditada, inteligente incluso. La ley en sí no soluciona ninguno de los problemas que preocupan a la ciudadanía, la corrupción tiene vía libre al igual que la ha tenido siempre. Mucho más curiosa es la absoluta opacidad de una ley que lleva la transparencia como estandarte, como viene siendo costumbre el Partido Popular mantiene todos sus planes bajo llave y suelta la información con cuentagotas y en la medida precisa. No obstante se pueden inducir ciertas conclusiones. Personalmente, me he fijado en un detalle que me ha suscitado una cierta sospecha.

 La Agencia Estatal de Transparencia (nombre que parece sacado de una novela de George Orwell) es la encargada de recibir las reclamaciones, denuncias y recursos de la población sobre las imperfecciones administrativas que se detecten en cualquier tipo de organismo público. Por decirlo de alguna forma, es el juez y policía por el que tienen que pasar todos los casos amparados en la Ley de Transparencia. Pues bien, esta organización no tiene el deber, ni ético ni lícito, de dar la más mínima explicación sobre sus decisiones. Se masca la tragedia, ¿verdad? No es difícil imaginarse la escena: Una mujer acude a la Agencia de Transparencia y denuncia con vehemencia y algo exasperada lo que ella considera un caso inequívoco de corrupción administrativa. No obstante, el funcionario de turno que recoge la declaración conoce a uno de los implicados en el caso que la señora acaba de denunciar. El hombrecillo, muy amigo de sus amigos y muy poco de la decencia, coge el móvil antes incluso de que la mujer salga por la puerta y pone sobre aviso a su colega de la facultad (o de lo que sea) y le advierte de que él y sus tejemanejes corren peligro. El colega, que de pronto ha adquirido un tono de piel blanquecino, se apresura en hablar con su jefe, un hombre de política, convencido de sus ideas, amante de su familia y coleccionista de Rolex amateur, no se inmuta lo más mínimo y hace alarde ante su subordinado de tener la situación bajo control. Un par de llamadas, cuánto hace que no nos vemos, a ver si nos tomamos una cerveza algún día, qué tal la familia, a ver si me puedes hacer un favorcillo… y listo. La Agencia Estatal de Transparencia lleva a cabo una investigación en profundidad del caso, se elabora un informe con todos los detalles y se dictamina que tal acusación se trataba de una falsa alarma. Y tranquilos, la Agencia Estatal de Transparencia, o para cogerle cariño la AET, no tiene la más mínima intención de dejar escapar algo de información sobre este caso y lo peor es que tampoco tiene la obligación de hacerlo. De modo que la pobre señora, que con indignación había recurrido al “defensor del pueblo” se encuentra un día con una notificación en su buzón que le dice, con infinitos eufemismos, que es una mentirosa.

En fin. Es probable que penséis que con este artículo he dejado volar mi imaginación… desgraciadamente no lo he hecho, no mucho al menos. Esta historia es el esquema básico de por qué más de la mitad de los casos de corrupción en España no llega a los tribunales. Más me gustaría a mi poder dejar volar mi imaginación con este tema.


Ley de Transparencia. Si, suena bien. Al menos el nombre lo han clavado. El Gobierno piensa hacer con esta propuesta de ley algo que sorprendentemente no se había hecho en casi 40 años de democracia española. La Ley de Transparencia será sometida a “trámite de audiencia pública” o, lo que es lo mismo, se les pedirá a los ciudadanos que colaboren en su redacción directamente, mediante sugerencias, opiniones y votaciones, antes de ser oficialmente implantada. Algo similar a un brainstorming a lo bestia. Para este humilde bloguero esta idea no debería ser un caso aislado. La intervención directa de los ciudadanos en la redacción de las leyes que más tarde tendrán el deber de acatar. No se me ocurre una forma mejor de recordar a los ciudadanos su condición política dentro de una democracia, algo que parece haberse olvidado a fuerza de golpes y desengaños. No me canso de repetirlo, lo siento, en una democracia todos somos políticos. La idea de someter la Ley a la audiencia ciudadana me parece mejor idea que la propia Ley de Transparencia en sí, aunque no voy a hablar de eso hoy.

La Ley de Transparencia es un proyecto con luces y sombras. Sin duda me parece una magnífica idea para lavar la imagen de la “clase política” de cara a la opinión pública. No servirá de mucho si no se utiliza correctamente, y en este punto caben dos posibilidades. La primera y la más obvia es pensar que este nuevo proyecto no se trata más que de una estrategia barata para recuperar una confianza perdida lo más rápidamente posible, por decirlo de alguna forma, un maquillaje. La segunda opción, y un tanto más onírica, es que el Gobierno se haya planteado seriamente la repercusión de una imagen tan poco positiva de la política. Corrupción, derroche, prevaricación, demagogia y un largo etcétera de adjetivos nada halagüeños. Con todo ese bagaje de cualidades peyorativas es obvio que la opinión pública, que será tonta pero no ciega, se replantee las razones que justifican la permanencia en el poder de un colectivo tan absolutamente podrido. Es de esperar, entonces, que el gobierno de turno que vea ante si una larga legislatura no tenga la intención de pasar los cuatro años siguientes entre la espada y la pared, en continuo enfrentamiento con el pueblo. De ser así, deduzco que Rajoy habrá ponderado las opciones y, como persona con dos dedos de frente que es, se habrá decantado por comenzar un proyecto coyuntural que pretenda reconducir la imagen política a aguas más tranquilas, empezando por las raíces del problema. Repito que esto es más bien una vaga esperanza.

De cualquier modo, sea una posibilidad u otra la real, creo que esta Ley de Transparencia no es más que una estrategia preventiva. No se trata de una ley que vaya a restructurar los cimientos de la jerarquía política ni a combatir la corrupción a capa y espada. Aunque no conozco el texto íntegro de la ley, con los detalles que hasta ahora se nos han proporcionado ya puedo asegurar que esta ley no conseguirá erradicar, quizá si diezmar, la corrupción de las administraciones españolas. Me temo entonces que se trata de un intento por demostrar a los ciudadanos que, al menos por parte del Gobierno, existe una cierta predisposición hacia el cambio. Una forma de ganarse de nuevo una confianza perdida y que ahora necesitan para volver a la senda correcta. Probablemente sea demasiado subjetivo y soñador con esto. No me llaméis iluso por que tenga una ilusión.



Responsable del Govern Balear entre los años 1996-1999 y 2003-2007, ministro de Medio Ambiente desde el 2000 hasta 2003, político megalómano por excelencia, conocido por ser uno de los presidentes autonómicos más propicios al derroche indiscriminado y, hoy, imputado por un caso de corrupción que ha servido como noticia recurrente de todos los telediarios de España. Jaume Matas es un hombre de mirada cansada, arrugas en la frente y cejas alicaídas, que parece más acostumbrado a mirarse los pies que lo que tiene delante. Y no sé si lo finge por consejo de su abogado, pero tiene una actitud roedora que dan ganas de darle una galleta o meterle en una rueda para que se entretenga.

Por mucha pena que nos dé  este personaje y aunque se nos encoja el corazón cuando lo veamos echando una mirada asustadiza y endeble a la cámara, a pesar de ello, debemos recordar que Jaume Matas está imputado en uno de los casos de corrupción que más ha salpicado en la historia de la democracia. La sentencia que acaba de ser anunciada le condena a pasar 6 años y un día a la sombra, se ve que el juez no es amigo de los redondeos. Y no solo eso, Matas tiene que asistir a una quincena de piezas más, que constituyen cada una un delito distinto por los que tendrá que rendir cuentas.

La sentencia del Tribunal todavía no es firme y la defensa de Matas pretende interponer un recurso de casación, me pregunto si no se cansará el pobre abogado (Antonio Alberca) de recurrir cada una de las sentencias que dicte el tribunal, son unas cuantas. De cualquier modo, el letrado tiene la firme intención de recurrir la primera sentencia de su cliente y también pretende evitar su estancia en prisión lo máximo posible hasta que la sentencia se imponga. Para conseguir esto alega, simplemente, que Matas no representa el más mínimo peligro de fuga por lo que es suficiente mantenerlo confinado en su domicilio sin necesidad de enviarlo a prisión. Aunque es probable que se le conceda esta indulgencia no creo, en absoluto, que el recurso vaya a conseguir nada, la sentencia seguirá su curso, y aun en el caso de que no fuese así a Jaume Matas le quedan numerosos juicios a los que asistir y, por desgracia para él, no cuenta con muchas bazas en ninguno.

Este caso ha levantado muchas ampollas y polémicas ya que se ha tragado a personajes tan conocidos como Iñaki Urdangarín o el propio Jaume Matas. Es un caso peliagudo de tratar, tanto por la parte de la defensa como la acusación. Muchas personas creen, sin embargo, que el expresidente no llegará a cumplir la condena íntegra, y tiene razones para creerlo. Se han dado muchas ocasiones en las que el imputado ha salido airoso del caso de corrupción en el que se encontraba inmerso, lo más gracioso del chiste es que en todos estos casos el acusado era un político de cierto renombre y, como buen político, con buenas relaciones. No obstante, resulta difícil de creer que Matas pueda librarse de cumplir la condena después de haber revolucionado los televisores de todos los hogares españoles y haber sido la última moda de todos las portadas de periódicos. Si el PP intercediese en la condena, ni que decir de un indulto, una masa de ciudadanos enfurecidos se les echaría a la yugular. No creo que el pobre señor Matas consiga salir de la trampa para ratones en la que el mismo se metió por un poquito más de queso.


Puedo contar con los dedos de la mano las pocas veces que he estado por completo de acuerdo con las palabras de Ignacio Escolar. Periodista español de considerable reputación pero cuyo nombre siempre va ligado a la misma connotación: “rojo”. Y no es para menos. Fundador y columnista de Público, ocasional firma en Estrella Digital, colaborador de la Ventana, en Cadena SER. Su historial te avisa de antemano para que leas todo lo que escribe con cautela, sabiendo que en cualquier momento soltará algún mordisco dialéctico al “equipo contrario”. No obstante, considero que Escolar defiende su postura de una forma realmente respetable y, aunque de vez en cuando  roce la subjetividad, suele ceñirse a la realidad y no mentir, quizá ocultar la verdad, pero no mentir.

Dicho esto, creo que puede resultar interesante el nuevo artículo que Ignacio Escolar publicó hace poco en su blog. Trata sobre la sanidad española. Puede servir como respuesta a la horda de gente convencida de que el modelo sanitario español es insostenible para nuestra economía. Los recortes en sanidad son de las pocas medidas de la era Rajoy que realmente me han molestado. Básicamente porque no lo entiendo. Hay cientos de agujeros en los que se derrocha el dinero y tienen muchísima menos utilidad que la sanidad. Los populares pueden ser muchas cosas, pero no creo que sean tontos (aunque esto lo digo sin mucho convencimiento), y me resulta sospechoso esta obsesión por privatizar un servicio público totalmente eficiente de por sí e imponer un copago para financiarlo, siendo que se caracteriza por ser de los más baratos de Europa. 





Tras mi letargo estudiantil de estas últimas semanas ha sido toda una experiencia volver a leer algo sabiendo que no tengo que examinarme sobre ello. Y después de esta grata sensación me he encontrado con ciertas sorpresas que no estaban ahí cuando me fui. Sorpresas que no han sido necesariamente agradables. Nada más volver me encuentro con un panorama grisáceo en este mundillo periodístico del que estoy enamorado.

Primero una noticia ya bien conocida pero poco estudiada, las páginas de Público no volverán a ser impresas. Antes de que en vuestras cabezas me tildéis de adorador de la prensa izquierdista os diré que Público no me suscita más entusiasmo que la Gaceta o el Mundo. Por poner un ejemplo, para mí un periódico subjetivo que no reconozca su subjetividad sería la segunda opción en caso de agotarse el papel higiénico. Perdón si he sido demasiado gráfico. Público era un diario, como tantos otros, que no sigue lo que a mi me parece un ideal básico del periodismo y por lo tanto no es para mí una lectura de culto, ni mucho menos. No obstante su pérdida es casi como una condena para el pluralismo de la prensa española. Aunque para mi el diario perfecto sería aquel que se guiase por un objetividad inamovible (e irrealista, desgraciadamente) y dejase los artículos de opinión a elección de sus periodistas, también reconozco que en España existe, o existía, un cierto equilibrio de opiniones mantenido por el constante forcejeo de medios derechistas e izquierdistas. Sin embargo, varios hechos han propiciado que esta delicada balanza se venza exageradamente hacia la derecha. Al agotarse la vida en papel de Público se ha perdido también uno de los estandartes de la prensa izquierdista, lo que ya de por si desequilibra mucho la metafórica balanza. 

Pero también hay otras razones por las que la prensa escrita española se está inundando de un conservadurismo que amenaza con coartar la pluralidad de opinión. El País, que por decirlo de alguna forma es el hermano gemelo benévolo de Público, se ha desmarcado mucho de su anteriormente intenso carácter izquierdista. Ciertos hechos, ligados normalmente con las malas relaciones entre el diario y el anterior gobierno socialista, propiciaron el alejamiento del País hacia posturas más neutrales, que no necesariamente objetivas. Por otro lado tenemos a Radio Televisión Española. Una cadena que había mantenido una actitud objetiva y neutral de una forma casi heroica, sobreviviendo a la legislatura socialista. La política del PP respecto a la prensa pública ha sido mucho más contundente que la de sus antecesores socialistas. El carácter de RTVE no hacía ninguna gracia a los mandatarios populares, que parece ser que no entienden una televisión pública que no puedan manejar. Aunque les ha costado, me temo que la televisión pública en España ha sido doblegada a los intereses del gobierno de turno.

 Con estos y otros hechos similares el conservadurismo se ha impuesto en el clima periodístico nacional. Pero esto no es malo, ¿no? Al fin y al cabo, si las elecciones le han dado la mayoría absoluta a un partido de derechas eso significa que una gran parte de los españoles esta de acuerdo con sus ideas y, por lo tanto, exigen una prensa que se adapte a su forma de pensar, unos medios que se habitúen a la nueva mentalidad española. Un triunfo de la democracia, como tantos otros. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿En qué momento ha comenzado la población a manipular los medios y no al revés?


Volver a escribir sin necesidad de memorizar lo que escribo es un verdadero alivio. Casi un mes de exámenes acaba con las energías de cualquier estudiante y yo no soy una excepción. Me alegra sobremanera poder escribir esta entrada, anunciando que pienso restablecer mi anterior ritmo de publicación. Me sorprende que el contador de visitas se haya mantenido tan activo  durante este tiempo y creo que debo agradecer esto a todos los que en algún momento decidieron pasearse por el blog, aunque fuese para comprobar que mis exámenes continuaban manteniéndome apartado del ordenador.

De nuevo, bienvenidos a Nukeblog.

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