Nuestro objetivo es un déficit del 5,3%. O más bien es el objetivo que Bruselas tiene para nosotros. Tenemos que reducir nuestro déficit presupuestario hasta esa cifra si queremos que en algún momento de nuestro futuro alguien pueda gritar “¡Tierra a la vista!” después de años de tempestuosa crisis. Para lograrlo, hay dos vías evidentes que había que tomar. Primero la reducción del gasto, al menos 13.400 millones de euros deberán ser recortados del gasto público. Y en segundo lugar un aumento de los ingresos en aproximadamente 12.300 millones. Con esas dos cifras, y si nada va mal, habríamos conseguido alcanzar nuestro objetivo de déficit y tener contentos a los sillones de Bruselas. Pero obviamente, la meta es lo más fácil de clarificar, lo interesante de verdad son los medios que se ponen para alcanzarla.

Creo que de recortes, reducciones presupuestarias, ahorro extremo y de sus efectos sociales ya he hablado suficiente en este blog. Y al fin y al cabo, los sindicatos ya se han pronunciado, también la ciudadanía, y la decisión del Gobierno es férrea, los recortes deben ser llevados acabo por imperativo. No estoy de acuerdo, pero no os voy a dar más la brasa sobre este tema. En este artículo me he interesado por la segunda vía de ataque del Gobierno, el aumento de los ingresos. No hay que ser un genio para percatarse de que la inmensa fuente de ingresos que utilizan los Estados para financiarse son los impuestos. En primer lugar, el PP piensa recaudar unos 5.350 millones de euros adicionales aumentando el impuesto sobre sociedades. También de gran importancia es el IRPF, que ya había sido elevado antes de que los presupuestos saliesen a la luz y que proporcionará más de 4.000 millones de euros a las arcas del Estado. Impuestos sobre el tabaco y otros productos, y las nuevas tasas jurisdiccionales nos aseguran casi 400 millones más. Algunas de estas medidas son duras y aunque no lo sean seguro que no agradan a nadie, no obstante quizá os hayáis percatado de que todos esos millones no suman el objetivo de 12.300 marcado por el Gobierno. Me he dejado los últimos 2.500 millones (más o menos) para la medida que más gracia y más feliz me hace. Estoy siendo irónico.

El Gobierno piensa recaudar esa última cifra mediante la amnistía fiscal. Para quien desconozca el término, la amnistía fiscal o tributaria consiste básicamente en el perdón de ciertas irregularidades económicas con el fin de obtener unos beneficios públicos. A mi entender, es la rendición de la democracia a la delincuencia. Hacer la vista gorda a la corrupción y dejar que una parte de la economía sumergida aflore a la superficie generando unos ingresos antes prohibidos y muy jugosos, pero que no son ni una tercera parte de lo que se llevan los “malos” gracias a esta jugada del Gobierno. El plan es hacer salir a la superficie hasta 25.000 millones de euros en dinero negro, de los cuales tan solo 2.500 irán a parar a las arcas públicas. Pero no es la cuestión económica lo que me preocupa, sino la ética. Sin duda es más fácil intentar regularizar la corrupción y sacar tajada que seguir luchando contra ella, es más fácil traicionar a la Constitución (de la que no soy amigo, pero para algo está) que intentar hacer las cosas como es correcto por una vez, y por supuesto que es más fácil apostar por el beneficio a corto plazo, como siempre. Y pensar en el dinero que nos va a dar en menos de un año y no en las consecuencias terribles que una decisión tan falta de ética nos acarreará cuando el PP ya no esté en la Moncloa. Yo no creo que en este país seamos todos avariciosos y corruptos, simplemente creo que somos tontos.

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