Aunque el artículo inmediatamente anterior a éste prueba mi tendencia a la esperanza ciega, de vez en cuando me veo obligado a poner las cartas sobre la mesa y reflexionar sobre un tema hasta darle la vuelta por completo o reafirmarme en lo que pienso. En este caso quizá no se trate de una inversión completa, pero tengo claro que mi concepción de la Ley de Transparencia ha sufrido cambios interesantes en estos dos días.

Quizá fui ingenuo al plantearme esta ley como una mera reforma estética, que pretendía mejorar la imagen externa de la política, o al menos del PP. Ahora tengo claro que se trata de una estrategia mucho más compleja y premeditada, inteligente incluso. La ley en sí no soluciona ninguno de los problemas que preocupan a la ciudadanía, la corrupción tiene vía libre al igual que la ha tenido siempre. Mucho más curiosa es la absoluta opacidad de una ley que lleva la transparencia como estandarte, como viene siendo costumbre el Partido Popular mantiene todos sus planes bajo llave y suelta la información con cuentagotas y en la medida precisa. No obstante se pueden inducir ciertas conclusiones. Personalmente, me he fijado en un detalle que me ha suscitado una cierta sospecha.

 La Agencia Estatal de Transparencia (nombre que parece sacado de una novela de George Orwell) es la encargada de recibir las reclamaciones, denuncias y recursos de la población sobre las imperfecciones administrativas que se detecten en cualquier tipo de organismo público. Por decirlo de alguna forma, es el juez y policía por el que tienen que pasar todos los casos amparados en la Ley de Transparencia. Pues bien, esta organización no tiene el deber, ni ético ni lícito, de dar la más mínima explicación sobre sus decisiones. Se masca la tragedia, ¿verdad? No es difícil imaginarse la escena: Una mujer acude a la Agencia de Transparencia y denuncia con vehemencia y algo exasperada lo que ella considera un caso inequívoco de corrupción administrativa. No obstante, el funcionario de turno que recoge la declaración conoce a uno de los implicados en el caso que la señora acaba de denunciar. El hombrecillo, muy amigo de sus amigos y muy poco de la decencia, coge el móvil antes incluso de que la mujer salga por la puerta y pone sobre aviso a su colega de la facultad (o de lo que sea) y le advierte de que él y sus tejemanejes corren peligro. El colega, que de pronto ha adquirido un tono de piel blanquecino, se apresura en hablar con su jefe, un hombre de política, convencido de sus ideas, amante de su familia y coleccionista de Rolex amateur, no se inmuta lo más mínimo y hace alarde ante su subordinado de tener la situación bajo control. Un par de llamadas, cuánto hace que no nos vemos, a ver si nos tomamos una cerveza algún día, qué tal la familia, a ver si me puedes hacer un favorcillo… y listo. La Agencia Estatal de Transparencia lleva a cabo una investigación en profundidad del caso, se elabora un informe con todos los detalles y se dictamina que tal acusación se trataba de una falsa alarma. Y tranquilos, la Agencia Estatal de Transparencia, o para cogerle cariño la AET, no tiene la más mínima intención de dejar escapar algo de información sobre este caso y lo peor es que tampoco tiene la obligación de hacerlo. De modo que la pobre señora, que con indignación había recurrido al “defensor del pueblo” se encuentra un día con una notificación en su buzón que le dice, con infinitos eufemismos, que es una mentirosa.

En fin. Es probable que penséis que con este artículo he dejado volar mi imaginación… desgraciadamente no lo he hecho, no mucho al menos. Esta historia es el esquema básico de por qué más de la mitad de los casos de corrupción en España no llega a los tribunales. Más me gustaría a mi poder dejar volar mi imaginación con este tema.

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